El Gobierno sancionará a las viviendas sin certificado energético

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Mayo 27, 2013 por Asecener

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Los propietarios de viviendas sin certificación energética no podrán venderlas ni ponerlas en alquiler. De hacerlo, el Gobierno les sancionará. Se trata de una de las mejoras que va a introducir el Partido Popular en la tramitación parlamentaria de la Ley de Rehabilitación, será la de definir las sanciones por el incumplimiento de la obligatoriedad de obtener la certificación energética (fuente EXPANSIÓN).

La obligatoriedad de tener el certificado energético –una calificación de la eficiencia de cada vivienda que tendrá un coste de 200 euros– entra en vigor el 1 de junio. Desde esa fecha hasta que se apruebe el nuevo régimen sancionador, las sanciones aplicables serán las de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Y ésta establece multas que van de los 3.005 a los 601.012 euros.

La certificación de la eficiencia energética de los edificios es una exigencia de Bruselas, en una directiva comunitaria. Esta ‘etiqueta’ (como también se llama a la certificación) contendrá no sólo una calificación del edificio a tales efectos (mediante letras, de la A a la G), sino también unas recomendaciones sobre las mejoras energéticas que podrían realizarse.

La directiva exige que esta certificación “se adjunte cuando una vivienda se ponga en venta o en alquiler”, pero, además, la Ley de Rehabilitación la incluye entre los requisitos obligatorios del informe de evaluación de los edificios, con independencia de que se arriende o transacciones “parte” o “todo”.

Ahora el Gobierno “trata de delimitar, en este ámbito, qué infracciones son leves y cuáles graves”, según fuentes cercanas a la negociación parlamentaria. Éstas agregan que “las sanciones graves estarían más orientadas a los técnicos que falseen las certificaciones y a los notarios que permitieran la venta de pisos sin esa etiqueta, por ejemplo”.

Es decir, en ningún caso al Gobierno se le pasa por la cabeza sancionar con 600.000 euros a un propietario, como resulta evidente. ¿En qué casos serían sancionados los dueños de un inmueble? Cuando no tengan el certificado, cuando no le den publicidad o, sobre todo, cuando alquilen una vivienda que no lo tenga –en el caso de la venta el notario no lo permitiría–.

Como la competencia en materia inmobiliaria reside en las comunidades autónomas, éstas tendrán que llevar a cabo dos acciones. Por un lado, crear un registro regional del certificado de eficiencia energética antes del 1 de junio, cosa que casi ninguna autonomía va a poder cumplir, como revelan desde la Comunidad de Madrid (que va muy justa de tiempo en este aspecto). Por otro, lanzar inspecciones para perseguir a los incumplidores y sancionarlos.

De hecho, cuando los funcionarios autonómicos inspeccionen las viviendas, podrán exigir “la subsanación de las deficiencias observadas” en el certificado energético, que hace recomendaciones y “la posible realización de las mismas en sustitución y a costa de los obligados, con independencia de la aplicación de las medidas disciplinarias y sancionadoras que procedan”. El inspector puede convertir en obligatorios no sólo los incumplimientos, sino las recomendaciones del técnico certificador.

Unos 200 euros

Cabe destacar que la ministra de Fomento, Ana Pastor, señaló que la certificación energética tiene un coste de unos 200 euros. Para el Gobierno, éste es “un aspecto clave para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, la eficiencia energética y el cumplimiento de los compromisos de España con Europa en el horizonte 2020”.

Todo ello “en aras de una mayor transparencia del mercado, una mayor información para los propietarios y un menor coste en su emisión”. Es decir, “se busca la doble racionalidad y sinergia que supone incluirla en el informe de evaluación del edificio.

Los expertos en rehabilitación creen que las sanciones son la única manera de obligar a los españoles a hacerse con la etiqueta energética de su vivienda. “Si no hay sanciones, nadie obtendrá el certificado”, asegura José Carlos Greciano, secretario general de la patronal nacional de empresas rehabilitadoras, ANERR.

La etiqueta energética es obligatoria cuando la vivienda se ponga en venta o en alquiler.

Los inspectores podrán exigir que se rehabilite todo lo que apunte el certificado.

“Sin sanciones, nadie obtendrá el certificado”, asegura la patronal de rehabilitadoras

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