ASECENER, Eficiencia energética en España

En España, ¿se han alcanzado los objetivos de eficiencia energética marcados en el Real Decreto 235/2013? ¿Cuáles han sido los motivos? ¿se podrán alcanzar?

Para poder dar respuesta a las preguntas enunciadas, retomamos la exposición de motivos de la normativa Real Decreto 235/2013, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, y extraemos el párrafo referido a los objetivos: “… el Real Decreto establece la obligación de poner a disposición de los compradores o usuarios de los edificios un certificado de eficiencia energética que deberá incluir información objetiva sobre la eficiencia energética de un edificio y valores de referencia tales como requisitos mínimos de eficiencia energética con el fin de que los propietarios o arrendatarios del edificio o de una unidad de éste puedan comparar y evaluar su eficiencia energética, …valorando y comparando la eficiencia energética de los edificios, se favorecerá la promoción de edificios de alta eficiencia energética y las inversiones en ahorro de energía. Además, este Real Decreto contribuye a informar de las emisiones de CO2 por el uso de la energía proveniente de fuentes emisoras en el sector residencial, lo que facilitará la adopción de medidas para reducir las emisiones y mejorar la calificación energética de los edificios…”.

Actualmente estamos muy lejos de los objetivos citados, y a nuestro juicio se deben implementar medidas de mejora y correctivas, que exponemos a continuación.

Los propietarios y usuarios en general, han percibido la aplicación de la legislación, “como un impuesto más”, no como un beneficio para comparar y evaluar; es decir, se percibe como un trámite administrativo con un coste adicional.

La crisis económica ha afectado especialmente al sector de la construcción y la promoción, lo que ha arrastrado a que los profesionales libres en el ejercicio de la profesión y férrea competencia entre arquitectos, ingenieros, etc., supediten la realización de trabajos cualificados con unos honorarios que no se corresponden con la responsabilidad que suponen.

Por ello, la evaluación de la eficiencia energética de un inmueble no forma parte de la lista de parámetros prioritarios a tener en cuenta en la decisión de la idoneidad de la compra-venta o alquiler. Ante esta realidad, es obvia la necesidad de hacer campañas divulgativas destacando la relevancia que tiene los CEE´s, facilitando la comprensión e interpretación de su contenido, poniendo en valor la calificación a la hora de vender o alquilar un inmueble.

El intrusismo y las malas prácticas están aún pendientes de determinar y cuantificar, ya que son los organismos delegados de las CC.AA. en materia energética los responsables de la puesta en marcha de unos mecanismos eficientes de inspección que salvaguarden los intereses del usuario final. Por tanto será necesario exigir a las administraciones, e intervinientes en el proceso, un procedimiento de actuación homogénea. La mejora está en la organización de técnicos adscritos a empresas especializadas en la gestión de eficiencia energética, como es el caso de ASECENER, con una estructura capaz de establecer medidas de seguimiento y control, validando y avalando el trabajo técnico realizado a nivel nacional, dando soporte y formación continuada a los técnicos.

Para reducir las emisiones y aplicar las medidas necesarias está pendiente la creación de un mapeo a nivel nacional que valore y cuantifique las emisiones del sector residencial. Después de dos años todavía existe gran cantidad de inmuebles sin certificar energéticamente, y aproximadamente el 95% de la edificación existente requiere actuaciones de eficiencia energética, que supondría un potencial ahorro de energía –80%– teniendo en cuenta la diferencia entre una calificación energética mínima (G) y máxima (A). La normativa más reciente obliga a elevar la calificación energética y pretende facilitar la rehabilitación energética de edificios como instrumento no solo de reducción de los costes de la energía, sino también de reactivación del mercado inmobiliario. Indudablemente, suponen una excelente oportunidad de actividad y empleo que no hay que desperdiciar.

La homogeneización y automatización de los registros de los CEE, con una herramienta sin las especificaciones propias implantadas por cada CC.AA., agilizaría el proceso, evitaría sobrecostes administrativos, y garantizaría la salvaguarda del propietario, a la vez que delimitaría las zonas geográficas, barrios, áreas etc., que estarían pendientes de la realización de CEE, cuantificando las mejoras pendientes y las inversiones necesarias. La finalidad es la creación de un sistema de información geográfica para la realización de un mapa energético de todos los edificios existentes en España.

Además de destinar ayudas y subvenciones para actuaciones en proyectos de ahorro y eficiencia energética, deberían plantearse rebajas e incentivos fiscales supeditadas a la implementación de mejoras de eficiencia energética, en la que el usuario, propietario o comunidades que inviertan en eficiencia energética, vean un resultado inmediato en su bolsillo, tanto a nivel de ahorro en consumo, como en la aplicación de impuestos proporcional a la reducción de emisiones.

Como conclusión, la correlación de los tres parámetros fundamentales enunciados, primero mejorar la información, comprensión y percepción por parte del usuario-propietario, tanto el ahorro económico directo en las facturas energéticas como en las bonificaciones en impuestos aplicables. Segundo, la puesta en marcha de un mapeo y sistema eficiente de control y auditoria por parte de la administración, con la regulación de homologación de empresas especializadas en eficiencia energética; y tercero, la correlación entre la activación del mercado inmobiliario y la puesta en marcha de actuaciones políticas, con programas de ayudas directas y de apoyo a la financiación de proyectos de ahorro y eficiencia energética, aportarán valor añadido a la gestión y control del procedimiento, garantizando las buenas prácticas en el sector, siendo el propio mercado el que penalizará o apartará los inmuebles menos eficientes en favor de los más eficientes.

Publicado: Cinco Días, martes 4 de agosto de 2015